El IPES busca regular el uso del espacio público en Bogotá

El Instituto para la Economía Social (IPES) busca regular el uso del espacio público en Bogotá mediante un cobro a los vendedores ambulantes.

En cumplimiento del Decreto 315 de 2024, la Alcaldía Mayor de Bogotá comenzará a aplicar un cobro por el uso del espacio público en la ciudad. Según informó el director del IPES, Wilfredo Grajales, esta medida no está dirigida exclusivamente a los vendedores informales, sino que busca regular el aprovechamiento del espacio público en general, establecimiento protocolos específicos para su uso.

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“El Decreto 325 habla de retribuir el uso del espacio público, o sea, no es un arriendo, ni es un cobro que se está haciendo. Es decir, si usted está usando el espacio público, deje algo para el espacio público”, sostuvo Wilfredo Grajales, director del IPES en #AHORA.

El decreto tiene como objetivo organizar y regular las actividades económicas que se desarrollan en el espacio público, sin embargo, ha generado preocupación entre los vendedores informales, que temen que esta nueva normativa ponga en riesgo su sustento diario.

Actualmente, Bogotá cuenta con más de 80 mil vendedores informales, muchos de los cuales dependen exclusivamente de esta actividad para mantener a sus familias.

El decreto dispone que los vendedores informales deberán cubrir un pago según los metros cuadrados que utilicen en el espacio público, lo que ha provocado inquietud entre aquellos que han trabajado en las calles durante años.

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¿La medida sobre el espacio público aplicaría para todos los vendedores informales?

El protocolo derivado del decreto incluye cinco lineamientos principales para regular el aprovechamiento económico del espacio público: entre ellos, se contempla un enfoque diferencial que tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de los vendedores informales. Esto significa que las tarifas podrían variar dependiendo de si el vendedor utiliza mobiliario propio o las alternativas ofrecidas por el Instituto.

“No es lo mismo un hacedor de oficio, un artesano, un artista, un cachivachero (…) Otra cosa es que haya una madre cabeza de familia o una víctima del conflicto armado”, agregó el director del IPES.

Además, se prevén reducciones o incluso exenciones para personas en condiciones de vulnerabilidad.

Según la medida, el cobro mensual por el uso del espacio público no debería exceder los 60 mil a 80 mil pesos. Además, los vendedores no estarán obligados a permanecer en un punto fijo, ya que las condiciones de ocupación pueden cambiar.

El protocolo establece que los permisos para operar en el espacio público tendrán una vigencia de entre uno y dos años, dependiendo del tipo de mobiliario utilizado. Estos permisos podrán renovarse hasta por un máximo de cinco años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

“La medida busca garantizar que la actividad económica de los vendedores informales se desarrolle de manera ordenada y en armonía con la ciudad, respetando la normatividad”, finalizó Wilfredo Grajales.

Finalmente, el IPES reiteró que no hay ninguna directriz para desalojar a los vendedores informales. Al contrario, la entidad pretende fomentar la organización de estas actividades en el espacio público, asegurando un entorno más ordenado y beneficioso tanto para los comerciantes como para la ciudadanía.